Argentina Economía

En marzo entrará en vigencia la ley de Responsabilidad Penal Empresaria

Dicha ley entrará en vigencia el próximo 1° de marzo en la que  por primera vez en Argentina las personas jurídicas serán vulnerables a recibir sanciones penales por delitos contra el Estado, lo que ha llevado a las empresas a iniciar una carrera contra el tiempo para ajustar sus políticas anti corrupción y fraude con el sector público.

Con ello Argentina cumple con el compromiso asumido por Argentina en el año 1997 con el objetivo de convertirse miembro pleno de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) cumpliendo con la Convención Internacional sobre la Lucha contra el Cohecho de Funcionarios Públicos Extranjeros en las Transacciones Comerciales, por lo que el Congreso sancionó en noviembre la ley conocida como “Responsabilidad Penal Empresaria”.

Esta ley no sólo criminaliza sino que además incentiva la producción de prácticas de prevención a través de sus programas de integridad, planteando la figura de cooperación, los sistemas de autocontrol y la auto denuncia.

Esta nueva ley establece la nueva norma que regirá el vínculo entre el sector privado y el público – estatal, como el cohecho y tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, entre otros, para los cuales se podrán imponer sanciones como multas que se establecerán entre dos y cinco veces la ganancia obtenida ilegalmente por las empresas.

Igualmente establece la suspensión de parcial o total de las actividades de la empresa, además de la prohibición para participar en licitaciones con el Estado lo que llevaría a la perdida de los beneficios que éste otorga.

Las entidades que contraten con el Estado deberán implementar de manera obligatoria el Programa de Integridad o de Compliance que se basa entre otros

componentes esenciales como la elaboración o revisión del código de conducta y de políticas orientadas a prevenir la comisión de los delitos contemplados en la ley.

Igualmente deberán realizar análisis periódicos de riesgos, canales internos de denuncias y políticas que permitan proteger a los denunciantes, además de sistemas de investigación interna.

La implementación de estas medidas puede ser aprovechada por las empresas, debido a que estos requerimientos también se corresponde con exigencias internacionales lo que les daría un mejor posicionamiento en el mercado, tanto en la contratación con el Estado como con empresas multinacionales.

Redacción: EmpresarioArgentino.com

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